Gil y Martínez Sieso en una visita a las obras de La Lastra, días antes de celebrarse las eleccioens de 2003.

En la Fundación Alto Ebro, de la que es patrono vitalicio el ex consejero, se habrían producido delitos de falsedad documental y malversación de fondos
El Gobierno de Martínez Sieso permitió al consejero Gil autoconcederse subvenciones por importe de 367,5 millones
El ex consejero de Medio Ambiente, José Luis Gil, promovió, junto con el alcalde del PP de Las Rozas de Valdearroyo, Juan Manuel Quevedo Izaguirre, la constitución de una Fundación que bajo el nombre de Alto Ebro se dedicó a obtener subvenciones públicas paras desarrollar proyectos medio ambientales en la comarca de Campoo. La encomiable iniciativa pública se tornó, sin embargo, en una actuación privada de caza de subvenciones, en la que jugó papel principal Gil, aportando de fondos de la Empresa de Residuos de Cantabria, sociedad que presidía como consejero, 367,5 millones de las antiguas pesetas. Se da la circunstancia de que dicha aportación, a la que sumarian otros 40 millones de fondos Leader, fue hecha efectiva después de que el consejero se convirtiera en patrono y vicepresidente vitalicio de la Fundación, a la que inicialmente accedió en representación de su cargo en el Gobierno de Martínez Sieso.

Hace dos semanas una imprudente pregunta de la diputada popular María Luisa Peón sobre la paralización de los proyectos puestos en marcha por la Fundación Alto Ebro dejó al descubierto lo que, a tenor de un informe jurídico independiente, solicitada por la ERC siendo su director Luis Egusquiza, y ya con José Ortega como consejero, podría ser calificado como un fraude a gran escala. Algunos datos de este oscuro asunto fueron desvelados en la tribuna de oradores por el diputado socialista y portavoz en asuntos medio ambientales, Javier García Oliva.

Las irregularidades cometidas son descritas con gran precisión en el citado informe, a cuyo contenido ha tenido acceso cConfidencial. Así, se señala que “dos años y dos meses antes de que la fundación tuviera personalidad jurídica” se obtuvieron 40 millones de pesetas de fondos Leader que fueron ingresados en una cuenta particular. Posteriormente ese dinero fue aportado como donación privada, lo que “supone un delito de malversación de fondos públicos o de defraudación de fondos europeos (…) de los que serían responsables todos los que suscribieron la escritura de constitución [de la Fundación]”.

Legal, puede que sí, pero irregular y políticamente poco presentable fue el hecho de que el consejero Gil, nombrado patrono nato con carácter vitalicio el 30 de abril de 2003, un mes antes celebrarse las elecciones autonómicas, inyectara en la fundación privada fondos públicos por importe de 367.479.429 millones de las antiguas pesetas, 185 de los cuales lo fueron como dotación fundacional y el resto en forma de subvenciones. Sumado a los 40 millones del programa Leader, la Fundación Alto Ebro recibió un total de 407 millones, sobre cuyo destino y utilización existen numerosas lagunas documentales.

Por ser extremadamente clarificadores reproducimos el resumen de las conclusiones incluidas en el citado informe jurídico solicitado por la ERC. Así se refleja en el documento que “la Fundación Alto Ebro es una fundación privada, gobernada realmente por socios o patronos privados que ha ocultado su naturaleza mediante la incorporación minoritaria de representantes de entes públicos”. A día de hoy sigue siendo patrono vitalicio el ex consejero Gil y el alcalde popular de las Rozas, Quevedo Izaguirre, mantiene la presidencia, en tanto que actúa como director gerente, Samuel del Vigo, quien compatibiliza dicho cargo con el de responsable de la Agencia de Desarrollo Local de Santander, por designación del alcalde Gonzalo Piñeiro. Precisamente esta semana se presentaba un convenio entre el Ayuntamiento santanderino y el departamento de la Universidad donde actualmente ejerce Gil.

El propósito de la Fundación es calificado duramente en el informe, al señalar que su objetivo ha sido, principalmente, “capturar fondos públicos, nacionales y comunitarios para gestionarlos de forma estrictamente privada y por ello al margen de toda normativa de Derecho administrativo de preceptiva observancia sobre la constitución y funcionamiento de las fundaciones, de los procedimientos de obtención de subvenciones (…).

Asimismo se señala que de la actas del Patronato de la Fundación se deduce que sus promotores y después patronos “utilizaron ilegalmente la denominación Fundación Alto Ebro durante dos años y medio antes de que ésta tuviera personalidad jurídica mediante la inscripción de sus estatutos en el registro del Protectorado de Fundaciones y que incluso un años antes de la esencial escritura pública de constitución, los promotores se apropiaron de fondos Leader por importe de 40 millones de pesetas que, después de permanecer dos años y dos meses en una cuente corriente, incluyeron como aportación particular a la dotación patrimonial de la Fundación Alto Ebro”.

Finalmente en las conclusiones del informe se señala que las actas de la Fundación confirman la obtención desde le ERC de 367,5 millones ya reseñados. Señalan que para la obtención de dichos fondos fue “decisiva la doble condición de D. José Luis Gil Díaz como Consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y Presidente de la Empresa de Residuos y, a la vez, y a título personal, patrono y vicepresidente vitalicio de la Fundación Alto Ebro, cargos que le fueron otorgados en razón de aquellos ‘servicios’ con desplazamiento de la Empresa de Residuos como patrono de la Fundación”.

Pero hay más. Para el autor del informe jurídico “estamos en presencia de una organización privada [la Fundación] manifiestamente irregular, creada por titulares de cargos públicos que con abusos de autoridad han capturado fondos públicos para desarrollar de forma parasitaria actividades de interés general”.

Que los convenios suscritos por Gil como consejero con la Fundación “son actos administrativos de otorgamiento de subvenciones. En razón de tales, son nulos de pleno derecho por tener el otorgante interés directo en la Fundación como patrono vitalicio y vicepresidente y disponer las subvenciones directamente, sin seguir procedimiento legalmente establecido y a favor de una inexistente persona jurídica [Alto Ebro se constituyó como fundación después de recibir las subvenciones]”.

LA ERC NO DEBE PAGAR.- En la ya mentadas conclusiones se indica a los solicitantes del informe, la consejería de Medio Ambiente y la dirección de la ERC, las medidas que, a juicio del redactor, puede o deben tomar. Entre estas se encuentra la no obligación de la ERC a pagar las subvenciones qu queden pendientes o puedan ser reclamadas por la Fundación, debiendo, además, la consejería, bien de oficio o por denuncia de la ERC o de cualquier particular, iniciar “el procedimiento previsto en la Ley General de Subvenciones para el reintegro de las cantidades que con cargo a la Empresa de Residuos se libraron a la Fundación”.

De acuerdo con el informe jurídico tanto los firmantes de los convenios --Gil y Quevedo Izaguierre-- como de la escritura de la constitución de la Fundación “pudieran haber incurrido en presuntos delitos de falsedad documental y malversación de fondos públicos o más específicamente en el delito de obtención ilícita de subvenciones”, que como tal está tipificado en el Código Penal. Ello obligaría a la consejería de Medio Ambiente a poner los hechos en conocimiento del Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, siendo compatible dicha media con el ejercicio de acciones penales, mediante querella, por la ERC. Es más no hacerlo así podría suponer, a juicio del autor del informe, acarrear responsabilidades penales “por encubrimiento” a los actuales responsables de la Consejería y de la ERC.

La fundación Alto Ebro quedó constituida el 24 de agosto de 2001, obteniendo fondos públicos y donaciones de terrenos por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, a pesar de su flagrante situación de ilegalidad. Los terrenos cedidos por Confederación habían sido previamente expropiados. La firma del convenio entre Gil, como presidente de ERC, y Quevedo Izaguirre, en calidad de presidente de la Fundación se produjo el 17 de mayo de 1999, dos años antes de que iniciara su andadura legal.

El objeto del convenio firmado por la Fundación y Gil es la “creación de equipamientos estratégicos ambientales en el territorio del Alto Ebro con el objetivo de dotar a la Comarca de Campoo Los Valles de una red de equipamientos de educación ambiental y cultural”, entre los que se citan expresamente el Balneario de Fontibre, el Teatro de Educación Ambiental de Ecosistemas de Alta Montaña en el municipio de Hermandad de Campoo de Yuso, adecuación ambiental de Monte Higiedo y el centro de interpretación de los cañones del Ebro, sendero cultural de Valderredible, centro de interpretación etnográfica de los ecosistemas en la Lastra y Museo de los pueblos del Ebro en Aldea de Ebro.

De esos proyectos la mayor parte no se han iniciado o están paralizados en su funcionamiento por falta de financiación. El Gobierno de Cantabria se ha negado a inyectar más fondos a la Fundación hasta aclarar el destino del dinero recibido desde el Gobierno del PP que presidía Martínez Sieso. Este amparó las decisiones de su consejero Gil. El entonces presidente regional de Cantabria, el popular Martínez Sieso, asistió a la inauguración del Centro de La Lastra junto con el consejero Gil.