El Gobierno de Chávez asegura no conocer dicho acuerdo, pese a que fue ratificado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA
Venezuela destituirá a la funcionaria que acordó la indemnización de dos etarras
Venezuela va a destituir a la funcionaria que negoció con los abogados de los terroristas Sebastián Etxaniuz y Juan Víctor Galarza dicha indemnización de 325.000 euros tras haber sido entregados a España. Además, el Gobierno de Chávez entregará hoy una nota al embajador español en Caracas, Raúl Morodo, en la que garantiza por escrito que su país no concederá la nacionalidad venezolana a cuatro etarras y que no se indemnizará a otros dos por su entrega a España. Ayer, el gobierno venezolano aseguró que no reconoce tal acuerdo, que se firmó en junio, por el que el Gobierno de Chávez indemniza a los terroristas dado que su entrega a España se había producido en circunstancias irregulares.

Pero lo cierto es que se trata de un acuerdo amistoso firmado por María Auxiliadora Monagas, responsable del ministerio de Exteriores venezolano y que será destituida, y por los abogados de los dos etarras, y avalado en octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El embajador Morodo ya se entrevistó ayer, martes, con el ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, quien le informó de que las autoridades de su país "desautorizan" el contenido de los acuerdos de los que se habían hecho eco informaciones periodísticas.

Según esas informaciones, ratificadas por el colectivo de apoyo a los presos de ETA Askatasuna, el Gobierno venezolano se habría comprometido con los etarras Lorenzo Aiestarán, Ángel Aldana, Jesús Urteaga y Eugenio Barrutiabengoa a "facilitar los trámites" para obtener la nacionalidad, lo que les permitiría evitar su extradición a España. En un comunicado, Askatasuna aseguró también que otros dos etarras, Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza, habían alcanzado un acuerdo con las autoridades venezolanas para ser indemnizados con más de 325.000 euros por haber sido entregados a la justicia española en 2002.