La Guardia Civil se incauta en Castro de expedientes urbanísticos ante un posible delito de prevaricación
La justicia investiga a Muguruza como responsable de Urbanismo
La Guardia Civil , siguiendo órdenes de la Fiscalía, se ha incautado en el Ayuntamiento de Castro Urdiales de distinta documentación relacionada con proyectos urbanísticos de los años 2006-2007 ante la existencia de indicio de que pudiera haberse producido un delito de prevariación. El responsable de Urbanismo en el período que es objeto de investigación es el actual alcalde, Fernando Muguruza, quien gobierna el Ayuntamiento castreño con el apoyo del PP.

La intervención de la Guardia Civil, actuado como Policía Judicial y siguiendo las instrucciones del titular del Juzgado de Instrucción número Dos de Castro, se inició ayer y continuó en la mañana de hoy. La decisión de requisar documentación, medida de especial gravedad que tienen antecedentes en los caso de Marbella y Andratx, por ejemplo, se ha tomado, según fuentes consultadas pro este confidencial, ante el cúmulo de evidencias de presuntas irregularidades urbanísticas, que llevarían aparejados varios delitos de prevaricación (dictar resoluciones injustas o ilegales a sabiendas por funcionario público).

La continuidad de Muguruza al frente de la corporación castreña, desoyendo las instrucciones de su partido, el regionalista, y con el apoyo del PP, fue relacionado en su momento con posibles operaciones urbanísticas de dudosa legalidad. Muguruza, declarado tránsfuga por la Comisión Antitránsfuguismo, formada por todos los partidos del ámbito parlamentarios, sigue en el cargo sostenido por los concejales del PP. Estos cuentan con el apoyo de la dirección regional del partido que preside Ignacio Diego, a pesar de que el PP a nivel nacional votó favorablemente a la condena de Muguruza como tránsfuga.

La Guardia Civil ha recabado documentos del Ayuntamiento de Castro Urdiales por mandato del Juzgado de Instrucción número 2 de la villa en el marco de una investigación que, según indicaron a Europa Press fuentes cercanas al caso, se centra en principio en una actuación urbanística. Fuentes judiciales indicaron a esta agencia que la actuación se inscribe en unas diligencias abiertas por el citado Juzgado por hechos sucedidos en el año 2006 y lo que se busca en el marco de dicha investigación es documentación contenida en un expediente, pero no precisaron la materia del mismo.

Las gestiones de la Guardia Civil, que actúa como Policía Judicial, se han desarrollado en los servicios de Intervención, Contratación, Servicios Técnicos y Urbanismo, donde han recabado originales de distintos expedientes administrativos, señalaron otras fuentes. Sus trabajos comenzaron ayer miércoles en la sede municipal con un oficio de investigación del Juzgado y, en principio, el personal del Ayuntamiento les fue facilitando los documentos requeridos. Pero llegado un punto, en la mañana de hoy jueves, los trabajadores mostraron sus dudas sobre la posibilidad de facilitar determinados documentos y la Guardia Civil tuvo que suspender sus actuaciones y regresar más tarde con una resolución judicial para poder obtener dichos documentos.

LA OPOSICIÓN, SIN INFORMACIÓN
Los grupos municipales de la oposición no han recibido de momento ninguna explicación de lo que está pasando, pero, en cualquier caso, la portavoz socialista, Chus Esteban, no tiene duda de que la actuación judicial "responde a indicios de posibles delitos o infracciones" y no es "ningún capricho de ningún tribunal o ningún juez".

A su juicio, se trata de una situación "preocupante para el municipio, que puede poner de manifiesto tristemente algo que estaba en más de una cabeza y que muchos pensaban que podía estar pasando en el Ayuntamiento", y confió en que los funcionarios responsables "faciliten" la labor de investigación para determinar si existen infracciones o delitos y si sigue o no adelante el procedimiento.

Según dijo, los hechos han causado "alarma social, lógica" en el municipio y han podido "palpar" que el tema "está en la calle" y la gente "preocupada". Por su parte, el concejal de Izquierda Unida, Salvador Hierro, actualmente en la oposición y miembro del equipo de Gobierno en la pasada legislatura, también señaló que los grupos municipales no tienen información de lo que ocurre.

En todo caso, aseguró que desde IU "siempre que la justicia actúa les parece bien" y están "tranquilos". "Bienvenido sea", añadió el edil, quien consideró que "siempre es bueno" que se "esclarezca" la gestión y se depuren "responsabilidades si las hubiera", eso sí, preservando en todo momento la presunción de inocencia".

El Ayuntamiento de Castro Urdiales está gobernado por el ex regionalista, Fernando Muguruza, que fue expulsado del PRC tras pactar con el PP y con Acuerdo por Castro (AxC) para hacerse con la Alcaldía, pese a que su partido iba a apoyar la investidura de la candidata socialista. La Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo se pronunció hace meses al respecto y declaró a Muguruza tránsfuga.

La pasada Legislatura, a la que se remontan los hechos investigados, el municipio de Castro estaba gobernado también por Muguruza, representando entonces al PRC y apoyado por el PP y por Izquierda Unida.