Según un informe de inspección
del órgano de los jueces
El Poder Judicial denuncia 270.000 sentencias
penales sin aplicar
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifra en 269.450
la sentencias de lo penal que están pendientes de ser aplicadas
en España, a partir de los datos recabados de los Juzgados
de lo Penal Ordinario y los Órganos Especializados en esta
materia de Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Bilbao
y San Sebastián.Se trata de un exhaustivo informe elaborado
por el Servicio de Inspección del Poder Judicial y que
será discutido este jueves en la Comisión Permanente
del máximo órgano de gobierno de los jueces. En él
se ofrece que, de esas casi 270.000 sentencias que se encontraban
en "situación de pendencia" a la conclusión
del pasado año, el 70,25% (189.280) están en los
Juzgados de lo Penal y el 29,74% restante (80.125) en los Juzgados
Especializados.
Carga de trabajo
"
La carga de trabajo que soportan los Juzgados Penales de Ejecutorias
indicados en este informe, durante el trienio 2005-2007 excede
ampliamente el módulo previsto para este tipo de Órganos",
denuncia el estudio, que además señala que se sobrepasa
la media del registro en un 21% en Madrid, en el 52,24% en Barcelona,
en el 99,62% en Valencia, en el 82,30% en Palma de Mallorca, en
un 80% en Bilbao, y en un 4,10% en San Sebastián.
Así, por comunidades autónomas, la peor situación
se registra en Cataluña, donde hay 56.000 sentencias pendientes
de ejecutar, seguida de la Comunidad Valenciana, con 40.000, y
la Comunidad de Madrid con 37.500. En ese sentido, el Poder Judicial
estima que "los anteriores datos inducen a pensar la necesidad
de implantar toda una batería de medidas tendentes a obtener
la plena normalización de estos Órganos, a fin de
adecuar su función jurisdiccional a los principios constitucionales
de Tutela Judicial Efectiva y a un proceso público sin
dilaciones indebidas".
La situación de estos juzgados esta lejos de "lo que
podría conceptuarse dentro de parámetros normalizados".
No obstante, comparando la situación del año 2005
con la del año pasado, "puede apreciarse cierta mejora,
dado que se ha producido una disminución de los casos pendientes "en
un 23,1% en Madrid, en un 25,9 % en Barcelona, en un 21,5 % en
Valencia y en un 23,7 % en Bilbao". Sin embargo, "en
aquellos Juzgados que han carecido de medidas de refuerzo" la
cosa ha ido a peor: "en San Sebastián aumentó en
un 54,43% y en Palma de Mallorca en un 26,29%.
Ausencia de sistema informático
Un punto negro que destaca el informe de los Juzgados Penales
de Ejecutorias es "la ausencia de un sistema informático
propio que permita controlar las distintas fases procesales de
los procedimientos". La carestía informática
incide "de forma negativa" en el funcionamiento de estos
juzgados. En este sentido, se solicita el establecimiento de una "serie
de alarmas, de modo que se generasen avisos automáticamente".
El objetivo de estas alarmas sería "prevenir al Magistrado,
al Secretario Judicial y a los propios Funcionarios encomendados
del expediente de determinadas situaciones", entre las que
se destacan las prescripciones "de Buscas y Capturas, Liquidaciones
de penas privativas de libertad, Licenciamientos de penas privativas
de libertad, Suspensiones de penas privativas de libertad, Extinción
de privaciones de otros derechos, Incumplimientos de pago de penas
económicas", entre otras. Por ello, entre las propuestas
del informe se subraya la importancia de un sistema informático "de
gestión procesal propio".
El estudio desgrana algunas de los problemas que padecen los juzgados: "elevadísima
movilidad funcionarial, lo que ha determinado que entre el 10%
al 90% de la Plantilla Funcionarial de estos Juzgados este cubierta
por personal interino", además la "falta de experiencia
del personal adscrito en el orden jurisdiccional penal, así como "cierta
descoordinación entre el personal titular a la hora de
desarrollar su actividad". Asimismo, se considera "claramente
insuficiente" el equipo rector de cada uno de los órganos
analizados, "constituido por un único Magistrado y
un único Secretario Judicial".