AMA ha convocado una reunión extraordinaria el día 13 para analizar la "grave situación" creada por las últimas resoluciones judiciales
Los afectados por sentencia de derribo piden al TSJC que dé una oportunidad al Plan de Actuación del Gobierno
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a los afectados por sentencias de derribo en la comunidad autónoma, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que "dé una oportunidad" al Plan de Actuación del Gobierno regional para estas viviendas.Por ello, solicitan que se cumplan los plazos que este plan contempla, para que con el cumplimiento de la legalidad vigente se pueda dar una "respuesta satisfactoria" a los afectados. Así lo ha señalado hoy en un comunicado el presidente de AMA, Antonio Vilela, tras la providencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC que insta al Ayuntamiento de Argoños ha derribar ya la urbanización Pueblo del Mar I.

La asociación manifiesta su respeto a la justicia, aunque no comparte, ni comprende "en modo alguno" dicha providencia, aunque la acata, ya que a su juicio contiene "graves errores e inexactitudes".

Así, considera que "no tiene en cuenta" que las viviendas están situadas en suelo urbano "consolidado" y en caso de derribo "se vuelve a construir en el mismo lugar y más viviendas" por el coeficiente de edificabilidad del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Además, sostiene que el fundamento principal de la sentencia es por una infracción administrativa, que se ha "subsanado desde el año 2004".

Destaca también que el Plan de Actuación del Gobierno prevé la "regularización" de estas viviendas en dos años aproximadamente, al tiempo que recuerda que el Ejecutivo está condenado en "sentencia firme" por daños morales en esta urbanización.

Vileda señala, por otro lado, que durante los últimos años "todas" las resoluciones judiciales del TSJC han tenido "graves consecuencias" para los afectados, que se sienten "dolidos y desamparados", aunque siguen confiando en la Justicia, y esperan que ésta puede resarcir a las víctimas del daño que están sufriendo.

AMA confía en que la colaboración de todas las administraciones y de Justicia dé lugar a una solución para los afectados y considera que el Plan de Actuación del Gobierno "es un instrumento útil, y cualquier intento de menoscabar el mismo, sin una alternativa de garantías supone una grave irresponsabilidad, que puede costar el erario público más de 263 millones de euros".

La asociación solicita el mismo tratamiento que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da a situaciones similares, lo que ha permitido, según dice, la regularización de más de 40.000 viviendas en los últimos años.

Recuerda por último que los "responsables" de estas situaciones son los ayuntamientos afectados, condenados en 23 sentencias de derribo, y el Gobierno de Cantabria, condenado en cuatro por daños morales, y son ellos los que "tienen la responsabilidad y la obligación de dar la solución".

El próximo sábado, día 13, la asociación ha convocado una reunión extraordinaria ante la "grave situación" creada por las últimas resoluciones judiciales, así como para preparar 'El tren de los inocentes", movilización que se celebrará el 27 de febrero bajo el lema 'Somos inocentes, no nos derribes'.