La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), alertó hoy sobre el "peligro" que corre la viabilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) debido a la insuficiencia financiera y al aumento de la privatización en el sector en los últimos años, factores que favorecen "grandes desigualdades" en la accesibilidad y en las prestaciones sanitarias entre las comunidades autónomas, según concluye un informe de la Federación, presentado hoy en Madrid.

El portavoz de la FADSP, Marciano Sánchez Bayle, criticó la escasez de recursos en Atención Primaria (AP) y hospitalaria, y el deterioro de la asistencia sanitaria pública por el avance de la privatización del sistema, sobre todo en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. En concreto, destacó que "el principal problema del actual sistema sanitario es la desigualdad en el sector, ya que varias comunidades autónomas tienen coberturas que sólo rozan a la mitad de su población".

En este sentido, señaló que Galicia, La Rioja y la Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas que, en su conjunto, quizás presenten mayores problemas en cuanto al sistema de salud público; frente a Cantabria (que tiene el mayor gasto per cápita en salud), Extremadura, Castilla-La Mancha, País Vasco y Navarra, que son las que tienen una posición más favorable en esta ámbito, "aunque con sus luces y sombras". No obstante, Sánchez Bayle insistió en que "hablar de una manera global en este campo es injusto, ya que influyen multitud de variables".

"Al final el proceso de transferencias a las comunidades autónomas se han generado grandes inequidades debido a la puesta en marcha de 3 o 4 sistemas de salud distintos", según Sánchez Bayle, quién explicó que se trata "de un problema grave y difícil de reconducir", que se generó por "la irresponsabilidad y la rapidez en el proceso del Departamento dirigido por la ex ministra Celia Villalobos, y las dificultades de la Ley de Cohesión y Calidad, que no dispone de mecanismos que la puedan hacer efectiva".
En su opinión, "esta gran desvertebración del sistema puede generar graves problemas a medio plazo como la movilidad de los pacientes". En este sentido, al organización hizo un llamamiento al Ministerio de Sanidad para que lidere "dicha vertebración".

DEMORAS EN AP DE HASTA 9 DIAS

Además, la Federación destacó que el crecimiento de la población y la presión asistencial ha devenido "insostenible", ya que, por primera vez, se están detectando demoras de entre 4 y 9 días para la consulta al médico de familia en algunas comunidades autónomas como Madrid, que "está empeorando mucho su sistema sanitario público".
Según el informe, la separación entre la financiación y provisión y la generalización de los denominados "mercados internos" ha favorecido la privatización directa de la provisión de los servicios sanitarios en España.

PROPUESTAS DE LA FEDERACION

En definitiva, el documento de la Federación propone incrementar el presupuesto sanitario público al menos en 1 por ciento sobre el Producto Interior Bruto (PIB), cuanto actualmente se encuentra en torno al 5 por ciento del gasto sanitario público; y favorecer los ingresos para la financiación sanitaria, mediante la eliminación de las fórmulas de desgravaciones de los seguros privados y el aumento de los impuestos sobre el tabaco y el alcohol. "Sería deseable un nuevo marco de financiación que pivotase sobre el IRPF y no sobre los impuestos indirectos", precisó Sánchez Bayle.

Asimismo, la entidad aboga por destinar los incrementos presupuestarios a los Fondos de Cohesión para favorecer el equilibrio interterritorial; elaborar el Plan Integrado de Salud; incluir las mutualidades de funcionarios (Muface, Mugeju, Isfas, etcétera) en el SNS; potenciar la Atención Primaria; incrementar el número de camas hospitalarias, fijándose el objetivo de 5 por 1.000 habitantes (cuando actualmente son 3 por 1.000 habitantes) y poner en funcionamiento una Red Pública de Atención Sociosanitaria, asegurando su cobertura al 100 por cien de la población.

Además, habría que reincorporar a la red pública a los centros empresariales y seudoempresariales como fundaciones, concesiones administrativas y EBAS (cooperativas profesionales que gestionan centros de salud); potenciar los dispositivos de salud pública; desarrollar sistemas de participación ciudadana y favorecer el desarrollo de la carrera profesional para todos los profesionales del sector sanitario público. En cuanto al gasto farmacéutico, el informe precisa que se debería racionalizar a través del control del "marketing" de las empresas farmacéuticas y una mayor formación de los profesionales.