Solo han pasado un par de años desde que varios incendios y derrumbes devolvieron a la actualidad la situación de uno de los barrios más antiguos de Santander. Coincidía con la conmemoración del 250º aniversario de la concesión del titulo de ciudad a Santander. Pero tampoco era la primera vez, ya en los primeros 90, el barrio tuvo un momento de protagonismo, inmediatamente acallado por los intereses urbanísticos de quienes pretendían sacar tajada.

Ahora, parece que nada había sucedido anteriormente y haciendo ejercicios de memoria selectiva, todo se reduce al incumplimiento de la licencia de obra del edificio anexo al desplomado.

Pero algunas personas tenemos memoria y contemplamos la tragedia sucedida estos días en el marco de un contexto, del que resulta imposible sustraerse, máxime cuando tres personas han pagado con su vida, que no estamos hablando ya de intereses especulativos, sino de vidas humanas.

El ayuntamiento siempre se ha inhibido. A pesar de ser el titular de la competencia que le permitía elaborar un Plan Especial de Reforma Interior del barrio. A pesar de que el gobierno de la nación puso a disposición el Plan Nacional de la Vivienda, en el que uno de los tres objetivos principales se concreta en la rehabilitación de barrios degradados. A pesar de que el gobierno de Cantabria gestionó la declaración de Área de Rehabilitación Integral. A pesar de todo, el ayuntamiento no se implicó.

Puede consultarse el documento que recoge el ARI del Cabildo para comprobar cuál ha sido el nivel de compromiso municipal con este barrio: renovar las aceras y el mobiliario urbano. También pueden consultarse los presupuestos municipales de estos años para comprobar cuál ha sido el compromiso económico con el Cabildo: cero euros.

El barrio está degradado pero no se trata sólo del estado de las viviendas. Se trata también del tráfico de drogas, de la prostitución y de la marginación social y económica de sus vecinos.

Pero el ayuntamiento siempre se ha inhibido, nunca ha querido intervenir para reordenar el barrio, dotar de espacios públicos y resolver los problemas sociales de los vecinos. El mantra municipal repetido hasta la extenuación: el estado de los edificios es responsabilidad de sus propietarios, solo subsidiariamente es responsabilidad del ayuntamiento.

Había otro camino para el ayuntamiento, el del compromiso con los vecinos y el liderazgo de una intervención integral a través del PERI, que además de incluir el Área de Rehabilitación Integral también contemplase medidas de carácter social y económico para cumplir unos pocos objetivos, tal y como reclamó el grupo socialista en un pleno celebrado el 30 de junio de 2005, del que se transcribe un fragmento del acta.

Un Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio puede ser el instrumento adecuado ya que es precisamente, el que permite la intervención pública en el suelo privado, integrando objetivos diversos que pongan freno al deterioro urbanístico y social del mismo. Este Plan Especial debería incluir la zona de urgente rehabilitación para las viviendas más deterioradas con el objeto de frenar la especulación íntimamente vinculada a la política de derribos por ruina y lograr el apoyo económico para los vecinos que tengan que afrontar la rehabilitación de sus viviendas, pero también otras medidas que vayan encaminadas a la liberación de espacios para equipamientos sociales o espacios públicos libres, porque no podemos obviar los problemas de salud y seguridad pública que presenta la zona. De tal forma que entre los objetivos del Plan Especial cabría señalar algunos como fijar la población, eliminar las bolsas de marginación, mejorar las condiciones básicas de habitabilidad de las viviendas, eliminar la especulación urbanística o dinamizar económicamente el barrio a través del comercio y la hostelería.

Ahora ya es tarde para tres personas que han perdido la vida pero aún se puede actuar para evitar que vuelva a suceder. Sin memoria selectiva, enfocando el problema en su conjunto y desde el ámbito adecuado, que no es otro que el municipal.