Uribe
Juan DIEGO GARCÍA

Cuando el presidente Uribe Vélez se acerca al ecuador de su mandato el diagnóstico de la situación actual, y sobre todo las perspectivas del futuro inmediato no parecen justificar el tono triunfalista de las declaraciones oficiales.

El actual modelo económico librecambista que he ido reemplazando paulatinamente la anterior estrategia de moderado proteccionismo ha dado ciertamente resultados muy positivos para algunos grupos económicos minoritarios pero con un coste social muy grande: ha aumentado las diferencias sociales, ha incrementado la desigualdad económica y a los grupos tradicionales de la pobreza se agregan hoy amplios sectores de las llamadas “clases medias”. El modelo neoliberal en boga permite “sanear” las cuentas públicas pero al ciudadano de a pié las cuentas no le salen. Es más, las estadísticas destacan hoy un aumento alarmante de los cuadros de miseria ya no solo en los campos sino en los mismos centros urbanos y se ha vuelto normal que millones de personas emigren a las metrópolis a buscarse el sustento. Lo que ayer era un flujo de trabajadores hoy es un drama humano considerable.

Un tratado de libre comercio con los Estados Unidos no va a solucionar los problemas estructurales de la economía colombiana. Es más, muchos analistas sostienen que dadas las debilidades del tejido productivo nacional la economía colombiana no sólo resultará impotente para competir con las mercancías extranjeras que van a invadir el país sino que los productos colombianos supuestamente competitivos en el mercado exterior apenas si van a resistir la competencia con los productos asiáticos, infinitamente más baratos.

La anunciada recuperación económica mundial no acaba de producirse y, en todo caso, cuando esta ocurra los posibles efectos beneficiosos para la economía colombiana solo se notarán tarde, si acaso al final del mandato de Uribe.

El panorama político tampoco deja mucho margen al optimismo. El proyecto de cambiar la Constitución para permitir la reelección del presidente encuentra muchos rechazos y evoca recientes experiencias negativas en América Latina. La idea de ver convertido al presidente en un nuevo Fujimori se menciona con insistencia. A todo ello contribuye sin duda la atmósfera de intolerancia y tensión creada por la nueva derecha uribista. El talante autoritario del presidente contribuye bastante a alimentar fundados temores. Sus medidas de “seguridad democrática” despiertan incertidumbres y rechazos, en particular el Estatuto Antiterrorista que ha sido denunciado dentro y fuera del país como algo impropio de una democracia.

Las voces contrarias a la reelección provienen de sectores sociales, políticos y económicos muy dispares y su debate ha postergado otras reformas que en su día el propio Uribe Vélez destacó como inaplazables. La reelección responde más a las necesidades políticas del actual mandatario que a la urgencia de reformar el sistema electoral colombiano. Es un cambio ad hoc que antes que la eficiencia y continuidad de una buena labor gubernamental busca asegurar el largo reinado de la nueva derecha que Uribe encarna tan bien. Uribe tendría así dos mandatos; le podría suceder luego el vicepresidente quien puede optar a su vez a su propia reelección....y así sucesivamente. Esta forma de dictadura civil encubierta no es nueva en el país. Ya funcionó por décadas con el Frente Nacional que reservó el poder (a todos sus niveles) para los dos partidos tradicionales excluyendo a cualquier fuerza nueva o de oposición. Para conseguir el cambio constitucional (la reelección está prohibida) Uribe practica el más descarado clientelismo repartiendo cargos y prebendas entre los parlamentarios que tienen que tomar la decisión. Todo lo contrario de la lucha contra las prácticas corruptas que tanto prometió en su campaña electoral.

El entusiasmo “popular” que ha acompañado a este adalid de la nueva derecha parece empezar a declinar y ya no son pocos los que dudan de unas encuestas de opinión que le otorgan márgenes de apoyo sospechosamente altos mientras en la calle se percibe descontento y frustración. La actitud cada vez más frecuente del gobierno descalificando a todo el que no comparta sus tesis, o peor aún, criminalizando las protestas sociales como expresiones del terrorismo o la guerrilla, no hace más que poner de relieve el clima de nerviosismo que ya empieza a notarse en las filas de la nueva derecha.

l panorama internacional tampoco parece muy propicio a Uribe Vélez. La derrota clamorosa de Aznar dejó al gobernante colombiano sin su principal valedor en Europa y sus recientes visitas al Viejo Continente no han producido los frutos esperados así la propaganda oficial trate de convencer a la opinión pública de lo contrario. Un par de infortunados incidentes en el Parlamento Europeo y en la estación de trenes de Atocha en Madrid han alimentado la imagen de Uribe Vélez como la de un hombre autoritario. La violación de derechos humanos que está lejos de disminuir en el gobierno de Uribe y el recorte de libertades que aumenta con su política de “seguridad democrática” convierten a Colombia en el mejor de los casos en una “democracia autoritaria” cuando no en una dictadura civil a juzgar por sus graves niveles de inseguridad y esa atmósfera de guerra y de cuartel que se percibe en todo el país.

Si, como parece cada vez más probable, Bush pierde las elecciones en noviembre, el presidente colombiano estará aún más aislado y solo que nunca frente a una corriente latinoamericana de gobiernos que van en direcciones opuestas. La torpeza en el manejo de las relaciones con Venezuela no ha podido ser mayor. La compra al parecer frustrada de armamento pesado a España, el apoyo al efímero gobierno golpista de Carmona y la presencia activa de paramilitares colombianos en Venezuela dan pié para pensar que Colombia se presta a estrategias de desestabilización regional en armonía con los intereses de Washington.

Los asuntos de la guerra interna no van bien. Ni contra la guerrilla (que se mantiene); ni contra el narcotráfico (que aumenta); ni contra las AUC (paramilitares). Terminado el Plan Colombia y gastados más de dos mil millones de dólares el balance es ciertamente pobre. Las empresas de armas de los Estados Unidos han hecho un buen negocio y los mercenarios estadounidenses han consumido buena parte de la “ayuda”, pero a Colombia le queda un beneficio muy dudoso: miles de hectáreas fumigadas con productos tóxicos cuyo uso está expresamente prohibido en los mismos Estados Unidos; muertos por centenares; millones de desplazados (se contabilizan ya casi tres millones); un gasto enorme tanto del presupuesto público como de los fondos privados (para mantener a los grupos paramilitares) y unas fuerzas insurgentes que están muy lejos de haber sido derrotadas. Hoy es ya una evidencia que el Plan Colombia nunca se diseñó como una estrategia contra el tráfico de narcóticos sino como parte de la guerra contra los insurgentes izquierdistas (FARC y ELN). Algunos analistas se resisten inclusive a creer que las fuerzas guerrilleras estén debilitadas. Simplemente, como era de esperar, los guerrilleros se han replegado ante la ofensiva más grande que se conozca en la historia militar del país. Pero sus fuerzas parecen intactas y solo es cuestión de tiempo que pasen a la contraofensiva.

Uribe Vélez se equivoca si cree realmente que se enfrenta a grupos de bandidos y traficantes de drogas. Tampoco parece creíble entender a estos insurrectos como “terroristas” (equivocación que comparte la Unión Europa). Con simplificaciones similares solo se dificulta asumir el problema en sus verdaderas dimensiones. El Plan Patriota (un título muy a la moda en las operaciones estadounidenses) es ahora la continuación del Plan Colombia y supone un nuevo y masivo empeño de resolver el conflicto colombiano por medio de la guerra.

Miles de soldados y más de mil “asesores” del Pentágono y de empresas privadas (los modernos mercenarios) se lanzan sobre las zonas selváticas en un intento de aniquilar la retaguardia del movimiento guerrillero. Nada parece indicar que este plan vaya a tener mejor fortuna que los anteriores, pero su fracaso podría ser la tumba política del triunfalista proyecto gubernamental. Entonces sería posible volver a la mesa de conversaciones y tratar de encontrar una solución civilizada.

El proyecto de pacificación de las bandas paramilitares (se afirma que más de veinte mil hombres) ha puesto igualmente de manifiesto la debilidad del gobierno. En un proceso rocambolesco los paramilitares están a punto de conseguir todas sus exigencias: impunidad efectiva para sus crímenes de guerra, no extradición a los Estados Unidos (sus jefes tienen allí cargos por tráfico de narcóticos) y, sobre todo, conservación de las propiedades mal habidas (tierras, ganados, aperos agrícolas y otros bienes) que nunca retornarán a sus verdaderos dueños. De hecho, las actividades de los paramilitares no se han detenido en absoluto y la idea es utilizarlos ”legalmente” como soldados campesinos, soplones a sueldo o en proyecto de “reforma agraria” (corredores sanitarios para aislar a la guerrilla). Parece ser que los “reinsertados”, más que verdaderos “paras” son simples delincuentes comunes o gentes desarraigadas que se reclutan para dar la imagen de que las políticas gubernamentales están teniendo éxito.

No faltaban razones al destacado sacerdote e investigador jesuita (el padre Giraldo) cuando en reciente visita a Madrid señalaba que las políticas de Uribe antes que devolver a los paramilitares al seno de la sociedad estaban consiguiendo era lo contrario: “paramilitarizar” al país.

Frustrados por los escasos resultados del plan de paz del anterior gobierno los votantes se decantaron mayoritariamente por Uribe Vélez en el convencimiento de que la mano dura arreglaría las cosas. Pero no hay que olvidar que solo votó un poco más del 40% del censo electoral, así que el actual mandatario, si acaso, ha sido elegido por uno de cada cuatro votantes potenciales. La mayoría de los ciudadanos (a pesar de lo que digan las encuestas) o no se ha pronunciado o lo ha hecho en contra de la salida militar del conflicto. Quienes votaron contra Uribe, quienes no votaron (casi el 60% del electorado) e inclusive muchos de los que le dieron su voto, ante la corrupción que se mantiene, el clientelismo que florece, las desigualdades que se profundizan y la guerra que no se gana pueden estar llegando al convencimiento de que lo último que el país necesita es más violencia. Si esto es así, la continuidad del proyecto uribista estaría en entredicho y una mayoría suficiente de colombianos y colombianas podría apostar por nuevos rumbos para el país.