La ley de justicia
y paz
por Juan Diego García
La ley de Justicia y Paz que acaba de
aprobar el parlamento colombiano es objeto de fundadas
objeciones por parte de grupos defensores de los derechos
humanos que consideran a esta norma alejada de todo principio
de justicia y la comparan con un acto de impunidad. No
hay justicia si los agredidos no van a recibir compensaciones
reales y los agresores –acusados
de todo tipo de delitos atroces- van
a satisfacer sus escasas condenas en cómodas haciendas
de su propiedad.
Quienes conocen el funcionamiento de la
justicia colombiana objetan que 60 días para juzgar
más de diez mil casos, con poco personal y medios
inadecuados convertirá la aplicación de
la ley en una nueva burla de un sistema legal con más
del 90% de impunidad y con un elevado número de
casos que simplemente no se denuncian. La poca o ninguna
consecuencia por ocultar delitos en la autoinculpación
de los “paras” tampoco contribuye a disipar
las dudas de quienes ven en esta ley un esperpento jurídico
de difícil encaje no solo en la ley nacional sino
en los principios mismos del derecho internacional. Cuando
es evidente que muchos delitos (robo de tierras, secuestros
y sobre todo narcotráfico) no se han cometido
con la finalidad de sostener económicamente la
causa supuestamente política de los paramilitares
sino para enriquecer a sus autores es muy difícil
aceptar su homologación al delito político.
No hay inspiración altruista alguna: se trata
de delincuentes comunes y corrientes que han cometido
delitos horribles. A nadie sorprende ya que “capos” destacados
del narcotráfico hayan comprado la condición
de paramilitar para acogerse a esta ley, legalizar sus
bienes mal habidos y escapar a la acción de la
justicia. En la mesa de negociaciones de El Ralito ha
sido muy difícil distinguir “paras” de “narcos” y éstos
de aquellos.
El argumento
principal contra esta ley es que ni trae la paz ni
promueve la justicia. No promueve
la justicia porque las
condenas que purgarán los agresores o son
simbólicas o son tan pequeñas que constituyen
una nueva ofensa a los afectados por
el paramilitarismo: tres millones y medio de desplazados,
miles de exilados, miles de muertos, perseguidos,
amenazados o despojados de sus pertenencias. Un país
entero sometido al terror durante décadas
tiene que aceptar que las huestes paramilitares se
vean absueltas de sus crímenes, teniendo además
que soportar que los “paras” se presenten
ahora como víctimas en lugar de verdugos.
En estas condiciones está claro que la Ley
de Justicia y Paz no aporta nada en un proceso de
reconciliación nacional; por el contrario,
ahonda las heridas.
Tampoco promueve la paz puesto que el
paramilitarismo no desaparece en realidad. El
proyecto ultraderechista sigue en pié y es hoy
mas activo que nunca. Su entrega de armas
es más simbólica que efectiva; muchos de
sus componentes pasan ahora a hacer el mismo trabajo
de siempre, solo que esta vez legalmente como “auxiliares” de
la justicia (es decir delatores pagados), “soldados
campesinos” que trabajan en los proyectos agroindustriales
desarrollados en las tierras arrebatadas a los campesinos,
o sencillamente como agentes de la “limpieza social” realizada
en las barriadas pobres de las ciudades con el mismo
objetivo de siempre: restar apoyos a la guerrilla, acallar
toda oposición al gobierno (así sea muy
tibia) y asegurar la reelección de Uribe Vélez
en 2006. Ya trabajan abiertamente como los más
entusiastas promotores de su campaña electoral.
Si no trae la paz ni fomenta la justicia, ¿para
qué sirve?
-
Para
exculpar directamente a los verdaderos autores y
en primer lugar al propio gobierno colombiano que
ha sido desde siempre el principal responsable
por acción u omisión. Por acción,
pues fue desde las mismas esferas gubernamentales – y
a instancias de los asesores gringos - que se conformaron
grupos paramilitares inicialmente para ayudar a
las fuerzas armadas a combatir la insurrección
comunista. Por omisión porque luego, cuando
el monstruo escapó de su control y fue oficialmente
prohibido continuó funcionando sin mayores
problemas. La tolerancia oficial no fue, como se
alega, fruto de la indisciplina de algunos militares
y funcionarios públicos sino resultado de
toda una política de dejar discretamente
a estos matones a sueldo las tareas sucias, las
operaciones ilegales y la violación de las
propias leyes del estado colombiano. De matar comunistas
los paramilitares pasaron a eliminar jueces, periodistas,
líderes sindicales y estudiantiles, sacerdotes
y monjas, defensores de derechos humanos, en síntesis,
todo aquel que en su opinión “hiciera
el juego a la guerrilla”. El
paramilitarismo nunca remitió realmente
y el Estado actuó como si no existiera o
con una benevolencia que no puede calificarse sino
de complicidad plena. El paramilitarismo
ha existido siempre con apoyos gubernamentales
innegables y con el entusiasmo de sectores sociales
bien conocidos: ganaderos, comerciantes, grandes
empresas públicas y privadas, políticos
y funcionarios de la administración del
Estado y sectores acomodados de la llamada “clase
media” sin que faltase la aportación
decidida de la delincuencia. En el gobierno colombiano
(éste y los anteriores al menos desde hace
décadas) recae entonces la principal responsabilidad
política. Con la ley de Justicia y Paz el
Estado colombiano se auto exonera de todas y cada
una de sus responsabilidades; sencillamente supone
que ésta no han existido jamás.
-
Para
liberar de su responsabilidad también a
todo el entramado empresarial, político
y social que ha financiado y fomentado el paramilitarismo. La
ley ignora deliberadamente la participación
de tanto empresario, político, alcalde,
parlamentario o funcionario público que
tiene igual o más responsabilidad en masacres
y asesinatos que los “paras”, pues éstos
son en última instancia solo un instrumento
de quienes les crean, financian y apoyan. Los inductores
del crimen son más culpables que los propios
ejecutores, y
-
Para alivio de Washington
que ve con preocupación cómo su engendro
paramilitar (igual que les ocurrió en El Salvador,
Guatemala, Nicaragua o Perú) desprestigia su
estrategia contrainsurgente ante la propia opinión
pública. Había
que acallar las voces de sectores cada vez más
significativos de la sociedad estadounidense que ven
con horror que sus impuestos vayan a sostener una empresa
criminal como el paramilitarismo o
una guerra que no acaban de comprender y en la cual
su país aparece cada vez más comprometido.
No es una coincidencia que el propio embajador gringo
en Bogotá haya seguido paso a paso la elaboración,
debate y aprobación de la ley dando oportunos
consejos para que la norma pudiese recibir el beneplácito
de los Estados Unidos. No resulta exagerado pues afirmar
que esta ley de Justicia y Paz es casi una creación
conjunta de la bancada paramilitar del congreso colombiano,
de sus cercanos aliados del uribismo, de los medios
masivos de comunicación y del señor embajador
de los Estados Unidos en Bogotá. Todos ellos
actuando, se entiende, por razones de propia conveniencia.
Para beneplácito de los Estados Unidos ( y también
de sus aliados de la UE) la ley se presenta como el
resultado de una “decisión democrática” del
parlamento colombiano. Un parlamento ciertamente muy
en armonía con la democracia de papel que tiene
el país. No sobra recordar que ese parlamento
apenas fue votado por algo más del 40% del electorado
y que hasta un 35% de sus miembros representan directamente
a los “paras”. Un porcentaje que una de
las más conspicuas senadoras del uribismo eleva
al 70% ( ¿será el 70% que apoya a Uribe
Vélez según las encuestas de
la empresa Gallup?).
Washington, el Estado colombiano y las bases sociales
del paramilitarismo deben pues estar de parabienes. Con
una simple ley nadie debe responder por nada. En todo
caso responderá algún despistado o indisciplinado
que no haya entendido lo que está ocurriendo y
se aparte de las nuevas directrices sin ver que “todo
ha cambiado para que no cambie nada”; porque
los “paras” siguen allí, con todo
su poder militar, económico y político
al que ahora agregan su nueva condición de gente
presentable. Seguramente habrá algún aguafiestas
que sugiera que esta legalización plena del paramilitarismo
lejos de fortalecer la democracia provoca por el contrario
un desgaste mayor –si cabe- de su legitimidad.
Esta ley de Justicia y Paz es una pieza clave en la
política de Seguridad Democrática de Uribe
Vélez mediante la cual se
pretende que el paramilitarismo se somete a la legalidad
cuando en realidad ocurre lo contrario: la ley se somete
a la voluntad de estos delincuentes dando
así un paso decisivo en la “paramilitarización” del
país. En muchos sentidos éste ha sido el
proceso vivido por Colombia en los últimos años;
solo faltaba su confirmación legal y esta ley
la consigue plenamente. Un argumento nuevo para quienes
sostienen que medidas como ésta constituyen un
paso más hacia el fascismo de nuevo tipo que lento
pero seguro se instala entre nosotros.
|
