 |
Entre
nacionalistas anda el juego
Óliver
SOTO
Resulta cuanto menos curiosa la
costumbre de muchos españoles de indignarse ante hechos
que son de lo más normal en nuestro entorno occidental.
Así, ante el simple sonido de la palabra federalismo algunos
militares agitan sus sables con disimulo, los púlpitos
radiofónicos revuelven las conciencias y se induce al país
a un estado de miedo paranoico. Por supuesto, lo habrán
notado, toca hablar del Estatut.
Y es que las negociaciones avanzan despacio y se demora en exceso
al gusto de los tertulianos (y el mío, por qué no
reconocerlo) el debate en el que todos podemos opinar:
la denominación de Cataluña como nación.
Si algo han demostrado las negociaciones
es que la, a juicio del PP, "insalvable inconstitucionalidad
del texto", era una cuestión fundamentalmente técnica.
El principal defecto de inconstitucionalidad
del Estatut hasta la fecha ha sido el intrusismo del texto propuesto
por el Parlamento catalán
al regular materias que no eran de su competencia
(defecto que, por otra parte, es bastante habitual en la legislación).
La marcha de las negociaciones muestra que lo que no se puede
incluir en el texto y, sin embargo, es razonable, puede incorporarse
en el desarrollo legislativo que constitucionalmente le corresponde.
Y es que una cuestión es
que sea adecuada la definición
de España como un Estado plurinacional
y otra bien distinta que eso tenga que ir recogido en un Estatuto
de Autonomía. Parece que los parlamentarios catalanes
que apoyaron el texto van tomando buena nota: las buenas intenciones
no son para los textos legales. A mi memoria viene el famoso artículo
de la Constitución de Cádiz de 1812
que decía que los españoles debían ser buenos,
justos y bondadosos.
Cuestión parecida ocurre
con la proclamación de Cataluña como nación
dentro del articulado. ¿Qué implicación jurídica
puede tener que se le reconozca el carácter de nación?
Ya se lo avanzo: si los juristas no han dicho nada hasta ahora
es porque no la tiene. Cataluña
puede definirse como nación, país de las maravillas
o tierra mítica: eso no alterará su relación
con el resto de Comunidades Autónomas del Estado.
La prueba más clara de ello
es que, a pesar de lo que pueda parecer en principio, no todas
las constituciones incluyen la definición de nación.
Por no salir de nuestro ámbito cultural europeo, Alemania
remite a la noción de pueblo y, como Austria, da primaciía
a los Länder que deciden componer la unión; Portugal
hace un canto a la soberanía popular, como Italia, que
funda la República en el trabajo; en Bélgica, no
es ya que no se hable de nación ni pueblo belga, sino que
el propio país tiene tres nombres oficiales de acuerdo
con cada una de las comunidades lingüísticas; y en
Suiza era tal el desacuerdo que tuvieron que poner el nombre de
su país en latín, Confederatio Helvetica.
Por tanto, ¿qué
ocurre si Cataluña se define como nación? Pues nada.
¿De qué derechos especiales se arrogaría?
Ninguno. ¿O acaso Alemania, Suiza o Bélgica son
menos que Francia, España o Irlanda que sí se autodenominan
naciones? La nación no es un concepto jurídico,
sino político, que entre otras cosas servía en el
siglo XIX para justificar la restricción del sufragio (quien
más contribuía al Estado económicamente,
más derecho tenía a dirigirlo).
Una confusión malintencionada
ha intentado inocular la idea de que el nuevo Estatut catalán
creará comunidades de primera y de segunda, naciones de
alto postín y pobres regiones de cola. No nos engañemos:
dicha distinción está
ya en la Constitución que el PP defiende ahora con uñas
y dientes. El modelo de Estado que nació
del texto de 1978 es una imitación "sui generis"
del modelo de Estado con regiones autónomas italianos.
En este modelo hay dos tipos de comunidades: las históricas
y el resto. Sólo el desarrollo del Estado de las
Autonomías ha demostrado la voluntad de ese "resto"
de comunidades autónomas, entre las que se incluye Cantabria,
de obtener un mayor nivel competencial. En definitiva, de caminar
hacia un modelo federal que ponga ambos grupos
de comunidades en mayor pie de igualdad.
En los próximos días,
los nacionalistas españoles
y catalanes nos arrastrarán de nuevo a otro debate estéril
de quién es o no nación y de quién lo es
más. Como si el ser nación pagara
las facturas. Entretanto, el gobierno de Zapatero
se lanza a la búsqueda inútil del eufemismo que
salve los muebles. Comunidad, ente o "chisme" de identidad
nacional, cualquiera vale con tal de lanzar balones fuera hasta
el próximo Estatut. Esperemos que el acuerdo al que se
llegue no ratifique la chapuza de 1978 en la que se reconocía
derechos a las nacionalidades, término éste que
sí es jurídico y en virtud del cual se expiden DNIs
y pasaportes. Y es que eso es lo que ocurre cuando nos preocupamos
más por el nombre de las cosas que de lo que éstas
implican y entre nacionalistas anda el juego.
Contacte
con el autor
|
