De entre todos los crímenes
que la retorcida mente humana es capaz de recrear, el del abuso
de menores es con mucho el que peor mezcla provoca de asco,
indignación y rabia. No creo que haya nada más
infame, más allá de la muerte, que el abrupto
estallido de la inocencia de un niño cuando un adulto
satisface con él sus más
primarios instintos sexuales. Tan primarios,
y tan desviados, que ni los animales los tienen con sus cachorros.
Resulta deleznable pensar que un enfermo sexual reprimido, cualidad
que dicen homologa a los pederastas como pederastas, pueda lanzar
al abismo psicológico y social que conllevan los abusos
a un chiquillo en pleno proceso de formación como persona.
Por eso, debe ser incontestable la exigencia de que caiga sobre
ellos, siempre y sin condiciones, todo el peso de la Ley, sin
temblor alguno.
Pero la Justicia, que no tiene por qué
ser piadosa para ser Justa, sí que debe de ser administrada
en serenidad. Sólo cuando una condena no tiene los tintes
de la venganza, el Estado de Derecho
queda de verdad por encima de la iniquidad de quien se ha hecho
acreedor de ella con su comportamiento antisocial. Las sentencias
sólo son justas cuando son el resultado de aplicar la
Ley con la pasión de la razón, aunque el corazón
esté en un puño. Sin olvidar a la víctima,
el niño, ni a su familia, a los que en todo caso hay
que amparar y salvaguardar de daños mayores garantizándoles
cuanto antes la normalidad, los pederastas deben ser castigados
tanto como dejen las leyes. Pero no más, ni a más.
Los pederastas
deben ir a la cárcel, a una celda y a un patio donde
una rutina presidiaria les carcoma durante años. Y deben
recibir tratamiento para la resocialización, ser reeducados
en la convivencia a la que tarde o temprano habrán de
regresar. Luego, cuando salgan, podrán ser también
castigados al ostracismo y al desprecio de una sociedad a la
que han dado la espalda con su delito. Y para dar seguridad
a esa misma sociedad, incluso sus nombres podrán estar
en una base de datos a la que acudir cuando haya sospechas de
reincidencia. Lo que haga falta, hasta ahí, para dar
satisfacción si se puede a sus víctimas. Y en
cualquier caso, siempre lo que las leyes, construidas sobre
la solidez del Estado de Derecho y desde la racionalidad del
bien común y permanente de todos los ciudadanos, digan
que es el precio a pagar por delito tan deleznable. Todo cuanto
supere ese límite, que por ser el legal y aunque no guste
es el justo, será puro linchamiento y escarnio, que nada
tienen que ver con la Justicia que han de impartir los pueblos
civilizados, ni siquiera a los peores de sus delincuentes y
para los más horribles de sus crímenes.
En caliente, y con cada caso, surgen miles de
voces que claman venganza, en forma de penas de muerte o cadenas
perpetuas. Nadie con corazón puede dejar de entender
ese grito, que es al ahogado socorro de las víctimas
más inocentes que hay en cualquier sociedad, los niños.
Pero no es ese el mejor caldo de cultivo para el debate sosegado
que cualquier modificación de la Ley Penal necesita.
Porque puede que el problema no sea el de las sanciones, sino
el de que se cumplan. O el de que la Justicia se imparta, y
se imparta a tiempo. O todo a la vez, que es lo más probable.
Hacer una reflexión con inteligencia, en frio, poniendo
en valor todas las circunstancias que rodean la pederastia y
a los pederastas, no es dejar ni de ser solidario ni ponerse
del lado del criminal. Es simplemente acercase a una solución
que encauce la reivindicación de dureza en las condenas
y su cumplimiento, y la idea de Justicia que debe primar siempre
en toda sociedad cuerda y cabal.