La campaña del PP bordea la legalidad
La profusión de vallas del PP, tanto del candidato regional, Ignacio Diego, como, en menor medida, del aspirante a la alcaldía de Santander, Iñigo de la Serna, demuestra que el partido de la derecha no tienen problemas de liquidez para bordear publicitariamente la legalidad. La campaña del PP es legal, aunque escapa del control de gastos electorales, limitado por ley durante la campaña propiamente dicha. La prohibición, no obstane, solo es válida para la publicidad que pida el voto expresamente, como si no hubiera mil y una maneras de encandilar al electorado. En las últimas horas a la propaganda en vallas se ha unido el buzoneo de un folleto donde se contrapone el “desgobierno” del Ejecutivo social-regionalista con las ofertas del PP. Ofertas que en unos meses formaran parte del programa electoral con el que los populares pedirán el voto a los cántabros.

El informe del CES y la ex concejala
El informe de la Universidad de Cantabria para el CES sobre las empresas públicas de Gobierno regional y su situación financiera ha provocado distintas interpretaciones, según sea leído por el consejero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo, o por el líder del PP, Ignacio Diego. Bajo el título de Análisis de las Sociedades Mercantiles Públicas de Cantabria usted podrá encontrar en la página web del CES (www.cescan.es/index.htm) el informe completo y sacar sus propias conclusiones. Si lo prefiere puede bajarse el documento en PDF pinchando aquí. Lo que para casi todos ha pasado desapercibido es que al frente del equipo universitario que ha realizado el estudio se encuentra la catedrática de Economía Financiera y Contabilidad, Myriam García Olalla, que fue número dos en la lista municipal del PSOE al Ayuntamiento de Santander en las elecciones de 2003. García Olalla dimitió como concejala por motivos personales a los pocos meses de las elecciones.