Un ex empresario para dirigir nueva organización patronal
Roberto Valdés Gutiérrez ha ido elegido esta semana por unanimidad presidente de la recién fundada Federación Empresarial de Cantabria (FEC), escisión de la CEOE-Cepyme promovida por los empresarios Gómez Otero y González Cuevas, responsables del Metal y Construcción, respectivamente. Valdés Gutiérrez no es, sin embargo, un empresario, aunque trabajaba en funciones de asesor en Unypymec, organización que agrupa a asociaciones minoritarias del pequeño comercio y sectores profesionales. Valdés Gutiérrez si fue empresario, en pasado, cuando explotaba una red de supermercados que acabo en fiasco. Junto a Valdés Gutiérrez la primera junta directiva de la nueva patronal está formada por Faustino García-Moncó, representante de la asociación de Constructores y Promotores de Cantabria, Jaime Díez Dojén, de Asemtrasán, Miguel Alonso Mateo, de Pymetal, Isaac Herrero, también de Pymetal, y Eduardo Arce de la Asociación de Constructores. La nueva Federación de Empresarios anda enzarzada en una guerra de cifras para demostrar que son más que la CEOE-Cepyme y que por tanto tienen derecho a sentarse en mesa de la concertación. La cuestión no es baladí, porque fuera de la mesa de negociación, donde se sienta el Gobierno, los sindicatos más representativos y la patronal que preside Miguel Mirones, no hay un duro para formación, por ejemplo, una de las actividades que ha mantenido viva a Pymetal desde hace años, Pero esa es otra historia que, alomojo, les contamos un día de estos.

¿Acudirá De la Serna al acto de un policía maltratador?
En la invitación consta claramente: “13:30 horas: Clausura de la Asamblea General de Afiliados. A cargo del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Santander”. ¿Clausura de qué? Pues del Congreso de la ASOCIACION DE POLICIA LOCAL DE CANTABRIA, que presiden ni más ni menos que Juan José González Olazarán, policía condenado por dos delitos de violencia de género que, que se sepa, sigue sin recibir sanción alguna y desempeñando normalmente sus funciones. Tampoco se conoce si le ha sido devuelta su arma, retirada tras la segunda detención. Y decimos que desconocemos que hay porque ni el alcalde informa ni la oposición pregunta. Desde aquí repetimos la cuestión con la que comenzamos este se dice se cuenta: ¿Clausurará el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, el congreso del sindicato que lidera un policía condenado por violencia de género? Me informan, y no oficialmente, que no se ha procedido a la apertura de un expediente informativo ni se ha suspendido de funciones al ínclito González Olazarán, tal y como establece el estatuto básico de Policías Locales de Cantabria. No contento con ello, y quizás envalentonado por la innación del equipo de Gobierno del PP, el policía maltratador ha organizado un sarao de su sindicato, con utilización del Palacio de la Magdalena incluido, en el que, como invitado final se anuncia en los tarjetones la visita estelar del mismísimo De la Serna, Alcalde de Santander. Después se convoca a un almuerzo de hermandad --en el propio Palacio de la Magdalena-- donde seguro no faltarán unos cuantos chistes machistas al calor de los vapores etílicos. Nos preguntamos si, además del alcalde, asistirán otros concejales y si entre estos se encontrará la concejala de Igualdad. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Porque, alomojo, y en un alarde de dignidad, que de momento sólo se expresa en voz baja, los miembros del sindicato policial le dan boleta a su dirigente indigno. Y si creen que lo contado anteriormente no es la verdad, pasen y vean en la página web del sindicato policial (http://www.csl.es/aplc/actualidad_sindical.html) la convocatoria congresual y los intervinientes en el acto.

La Guerra de la Independencia como coartada
La Asociación Cultural Santiago ha organizado un ciclo de conferencias sobre la Guerra de la Independencia en Cantabria. Es el segundo que organiza sobre el mismo tema, lo cual plantea la duda de sí el asunto da para tanto. Pero es evidente que para la ACS la lucha contra la invasión napoleónica es sólo la coartada. Lo que realmente pretende la asociación es “acercar al auditorio los acontecimientos históricos que dieron origen a la actual configuración social, política y territorial de España, poniendo de relieve el papel trascendental desarrollado por los ejércitos y sociedad civil a lo largo del conflicto en España en general y, Cantabria en particular”. Dejemos de lado el debate de si España comienza a configurarse o no con la Guerra de la Independencia. Hay historiadores que ven más España en la Constitución de Cádiz, con raíces en la afrancesa y civil Ilustración, que en el absolutismo de Fernando VII, impuesto con el apoyo de los “ejércitos”. Pero cada uno es libre de tomar de la historia lo que le conviene para hacer relecturas del presente. Otra cuestión es que en ese revisionismo histórico participe el Ministerio de Defensa, aunque supongo que sólo en lo económico y no ideológicamente. Una participación a la que no hace honor la ACS que el pasado jueves se colocó del lado de los que quisieron convertir la Fiesta Nacional del 12 de octubre en un acto partidista, acudiendo a repartir banderitas españolas junto a la organización de extrema derecha DANAES, Fundación que se reivindica para la Defensa de la Nación Española.

Muguruza: Envolverse en la bandera no le hace mejor
Un tipo que insulta y agrede envuelto en la bandera española seguirá siendo un gamberro y un agresor. Los que asesinan en nombre de símbolos, ya sea un himno o una bandera bicolor, tricolor o roja, siguen siendo asesinos. Es más, todos aquellos que desde el respeto a los demás y las pacíficas actitudes consideran ciertos símbolos como parte de su bagaje personal se sienten, nos sentimos, robados y usurpadas nuestras convicciones y sentimientos cuando una minoría utiliza aquellos en interés propio. Viene todo lo anterior a cuento por el relieve periodístico dado a un personaje para nada ejemplar que no por envolverse en la enseña nacional deja de ser ejemplo de marullerismo político. Me refiero al tránsfuga alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza. Un individuo que se pasa por el arco del triunfo la democracia y la libre decisión expresada en las urnas por sus vecinos, no puede ser noticia por dedicarse a repartir banderas españolas. No se trata de impedírseleo, pero tampoco debería presentarse como un acto noble, toda vez que está siendo protagonizado por alguien que perdió toda la dignidad política cuando traicionó al partido político que confió en él para representarlo en el municipio castreño. Hay amistades peligrosas y compañeros de viaje indeseables. Los que han montado, ciertamente con un empeño partidista más que evidente, la campaña de las banderas, no deberían permitir que los Muguruzas de turno saquen pecho patriota cuando no respetan las reglas básicas de convivencia ni la Constitución. Y los medios de comunicación no deberían caer en el error de presentar como patriota a quien se comporta como un felón.

Diego y Cagigas, al juzgado por incumplimiento de contrato
Si la demanda presentada por La Agrupación de Vecinos Independiente, (ADVI), de Santa Cruz de Bezana prospera el presidente regional del PP, Ignacio Diego, el diputado y dirigente de ese partido, José Antonia Cagigas, y el alcalde conservador del municipio citado, Juan Carlos García Herrero, deberán responder ante la justicia por incumplimiento del contrato: el pacto suscrito el pasado 12 de junio. ADVI ha presentado en el Juzgado de Santa Cruz de Bezana, demanda de conciliación, previa a la interposición de una demanda contra los citados dirigentes y cargos públicos del PP. Según ADVI, lo firmado tras unas largas negociaciones en las que intervinieron, junto a su presidenta Milagros Bárcena y el hoy Alcalde Juan Carlos García Herrero, varios miembros del colectivo vecinal y los dirigentes regionales del PP Ignacio Diego y José Antonio Cagigas, “al margen de su contenido político, tiene una evidente fuerza contractual que obliga a su cumplimiento por ambas partes, pues de no ser así se estaría situando a los partidos políticos y sus miembros en un inexistente limbo no jurídico, al margen de la ley. Tal planteamiento”, prosigue la nota de ADVI, “ajeno a las más elementales normas del Estado de Derecho, propiciaría la posibilidad de incumplimiento de todo lo que dichas organizaciones políticas pactaran, lo que, en este caso concreto, pondría en tela de juicio el valor de todo lo firmado por el actual alcalde de Santa Cruz de Bezana, dejándolo a los ojos de los vecinos como “papel mojado” y poniendo en duda su credibilidad como mandatario del municipio”. “ADVI solamente demanda en esta conciliación el exacto cumplimiento, como la Agrupación Vecinal ha hecho (posibilitando su elección, y sustituyendo al Alcalde en sus ausencias,...) de la parte que al PP corresponde en lo contractualmente firmado y, en caso de no querer hacerlo, una indemnización por el importe total de las cantidades pactadas, más los daños y perjuicios ocasionados, de acuerdo con el estricto contenido del documento contractual del propio pacto. En síntesis, con la conciliación judicial (que es previa a una demanda judicial, de resultar esta necesaria), se trata simplemente de reparar parcialmente los efectos dañosos de una serie de despropósitos y engaños perpetrados por el Alcalde de Santa Cruz de Bezana, a los que han contribuido con su reiterada presencia e importante intervención en representación de su partido, el propio Presidente del PP en Cantabria, Ignacio Diego y el Diputado regional, José Antonio Cagigas, quienes con su actual silencio adquieren la condición de copartícipes o cómplices evidentes en las consecuencias y la valoración jurídica que en su día se pueda efectuar de los citados hechos”, concluye el comunicado de la formación presidida por la edil de Bezana, Milagros Bárcena.